ANTES de asumir la presidencia de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo sufrió un golpe político, ya que el Congreso redujo el margen de maniobra de sus diputados, quienes debieron jurar su cargo no como militantes de Semilla, el partido del nuevo mandatario, sino como independientes.

Desde entonces, Arévalo y el Movimiento Semilla han enfrentado una ofensiva judicial que él denunció como un "golpe de Estado", detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas ha regido los destinos del país.

La Fiscalía intentó retirarle la inmunidad del presidente electo, desarticular su partido progresista y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.

La embestida, basada en casos "espurios" según Arévalo, fue condenada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, que sancionó a cientos de fiscales, jueces y diputados por "corrupción" y "socavar la democracia".

Arévalo sustituye al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado al llamado "pacto de corruptos" y durante cuyo gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.

"Hay hartazgo del pueblo de tanto abuso, robo, corrupción y de tanta humillación al pueblo de Guatemala", dijo la líder indígena Alida Vicente, de 43 años, durante una marcha en el centro de la capital.

Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Arévalo reconoce que afrontará enormes desafíos pues las "élites político-criminales, al menos durante un tiempo, seguirán conquistadas" en poderes del Estado.