La pregunta obvia y definitiva que permea todos los círculos –sociales, económicos y académicos- es la misma que ha planteado el Director de Radio Sur, ¿Quién debe responder? Esta pregunta toca necesariamente valores constitucionales como la solidaridad, la Justicia y la Equidad. No es fácil dar una respuesta, pero sí es útil mover unos conceptos lógicos y jurídicos para entrever algún atisbo de solución.

Partimos de una idea básica: lo que ocurrió fue una estafa masiva, un robo generalizado en el que las personas que recibieron rendimientos de sus dineros, fueron instrumentalizados por los delincuentes como vehículos para atraer nuevos incautos (?). Es decir, se trató de un delito –ya inventado- que les cuajó bien. Un columnista de un medio especializado define acertadamente a las pirámides como “una manera rápida de fabricar un rico, amontonando los ahorros de muchos pobres”. Aunque noticias recientes cuestionan el hecho de que las víctimas son siempre pobres, como lo que ocurrió en USA con el fondo de inversión del señor Madoff, una gran pirámide de cincuenta mil millones de dólares (!).

En muchos escenarios se plantea la posibilidad de que el Estado sea obligado a responder por la colosal estafa y a reponer el dinero a los cándidos inversores; aducen que el comportamiento pasivo, permisivo y casi cómplice de las autoridades administrativas sirvió de acicate para la prosperidad de la estafa. Según esta postura, la inmovilidad de las autoridades barnizó de legitimidad la actividad de los alquimistas que trocaban esmirriados pesos en fabulosas fortunas. Algo de razón tienen. Y si a eso se suma que policías, soldados, funcionarios públicos, jueces, fiscales y abogados hicieron la paciente fila para depositar sus ilusiones, el ‘hombre promedio’, digamos, tendría elementos de juicio para confiar en la legalidad del ‘servicio’ que prestaban estas firmas; y ni qué decir de los papeles al día de todas ellas, y que algunas, como DMG, pagaron millonadas en impuestos.

En círculos académicos se ha planteado la especie según la cual el Estado – y no nos engañemos, el Estado somos todos- debe responder pecuniariamente por la colosal trampa. La Administración, para algunos, creó en la ciudadanía una confianza legítima respecto de la validez y legalidad de estos negocios, lo que podría hacerla responsable cuasicontractualmente, con fundamento en una presunta falla en el servicio.

Otros sostienen que las víctimas tienen que asumir las consecuencias de su comportamiento, bajo el principio del Derecho según el cual ‘nadie puede alegar su propia culpa a su favor’. Es decir, quienes dejaron su dinero conscientemente con la promesa de un espectacular retorno, lo hicieron de manera libre; de ninguna forma fueron inducidos por la Administración. Además, seamos claros, cualquier persona que haga parte de la población económicamente activa, que tenga una mínima experiencia comercial, sabe que ningún negocio lícito, NINGUNO, permite el tren de utilidades que prometían los aventajados alumnos de Carlo Ponzi. El Estado no puede, ni tiene la obligación de hacerlo, responder por las estafas de los delincuentes, porque de otra forma sería el crimen perfecto. Pretender que los que no caímos en el timo tenemos que reponer las pérdidas de quienes, ingenuamente o no, cayeron en él es una idea, por lo menos, extraña y jurídicamente poco sostenible.

En mi opinión, y a pesar de mí mismo –por algunos casos que conozco absolutamente dramáticos-, no es viable derivar responsabilidad del Estado por esta debacle. Con todos los cuestionamientos que le quepan al gobierno central por su mediocre respuesta al fenómeno piramidal, el Estado no puede ser garante de los riegos económicos que toman sus asociados. Por otra parte, desde el inicio mismo de las operaciones de los alquimistas muchos medios de comunicación advirtieron –radiosur.net entre los primeros- sobre el peligro y la insostenibilidad de esos negocios, de modo que los ‘yo no sabía’, ‘yo no creí’, ‘no me advirtieron’ son de poco recibo. El ejercicio de la actividad comercial y económica en general, exige una carga de diligencia especial entre los agentes de intercambio, quien va a invertir dinero tiene que, por lo menos, averiguar las generalidades del negocio, sus antecedentes, sus fundamentos, en fin, informarse. Lo que cualquier persona medianamente diligente hace cuando va a comprar una casa, es pedir el certificado de tradición y libertad, y no paga el precio hasta estar segura de lo que compra y en qué condiciones lo hace. Si actúa negligentemente, incurre en un error de conducta que en el Derecho se llama “culpa” y, como se dijo arriba, los sabios y prácticos romanos resolvieron la situación con el aforismo “nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans”.